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¿Apoyar la dictadura en El Salvador es bueno para el turismo centroamericano?El dilema entre el auge turístico y la erosión de los derechos humanos en El SalvadorBy Estefanía Muriel for Ruta Pantera on 10/15/2025 9:29:02 AM |
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| En los últimos años, El Salvador pasó de aparecer en las noticias por violencia a figurar en las guías de viaje. Eso suena como una buena noticia: más turistas, más hoteles llenos, más negocios abiertos. Pero cuando miramos con calma, la pregunta se vuelve difícil: ¿ese auge turístico vale cualquier precio? ¿Es realmente “bueno” para toda Centroamérica que un país crezca en turismo apoyando medidas que limitan derechos y concentran poder? Dos historias en paralelo Para entenderlo hay que contar dos historias que corren en paralelo. La primera es la historia económica: llegadas de turistas que suben y dinero que entra al país. La segunda es la historia política y social: cambios en la ley, detenciones masivas y denuncias de organismos internacionales. Ambas se mezclan y crean una especie de ilusión: hay seguridad para quienes visitan, pero hay una realidad distinta para muchos ciudadanos. Empecemos por la parte visible: el crecimiento turístico. En pocos años El Salvador pasó de tener 1.4 millones de visitantes en 2021 a cerca de 3.9 millones en 2024. (ElSalvador.com, 2025; Ministerio de Turismo [MITUR], 2025). Para mucha gente esto es una señal clara de éxito. Donde antes los turistas miraban con recelo, ahora hay playas con olas famosas, centros históricos renovados y eventos internacionales que muestran al país en televisión. El turismo aportó una parte importante del producto interno bruto y generó empleos en hoteles, restaurantes y transporte. Para familias que dependen del turismo, esos ingresos son reales y valiosos: más visitantes significan más clientes en la tienda, más mesas ocupadas en el restaurante y más pasajeros en los autobuses que llevan a las playas (World Travel & Tourism Council [WTTC], 2023). | ||||
| Seguridad como estrategia de marketing Esa mejora en la llegada de turistas no fue sólo por suerte. Fue fruto de una narrativa fuerte: la promesa de seguridad. El gobierno promovió la idea de que había cambiado la situación de violencia que dominó al país durante años. Estrategias y medidas de control mostraron una reducción de homicidios y generaron una sensación de seguridad en la calle; como lo afirma el propio gobierno: “Los exitosos resultados del Plan Control Territorial y el régimen de excepción son aprovechados por los salvadoreños, que ahora acuden a los diferentes sitios turísticos sin temor...” (Presidencia de la República de El Salvador, 2022, para. 1). Este fenómeno describe cómo esa narrativa se convirtió en parte central del “marketing” del país; la seguridad fue vendida como la razón principal para visitar El Salvador. Ahora la otra cara. El crecimiento se apoyó en una política llamada "régimen de excepción". La expresión no es neutra: implica la suspensión de derechos constitucionales básicos. En palabras que aparecen en el análisis, se habla de la suspensión de libertades como la "libertad de asociación y reunión", la restricción para ser informado de los motivos de detención y la limitación del acceso a un abogado. Además, organismos internacionales han criticado esas medidas por documentar violaciones “sistemáticas y generalizadas” a los derechos humanos, así como detenciones “ilegales y arbitrarias” y condiciones “inhumanas” en prisiones; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que “se registraron 73.000 personas detenidas …” y que hubo denuncias de “detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2024, pp. 7–8). Esas frases no son metáforas: describen procedimientos y efectos concretos en la vida de muchas personas. La erosión del Estado de derecho En otras palabras: la misma política que crea la sensación de seguridad para turistas también ha generado una severa erosión del Estado de derecho. Hay registros de miles de personas en prisión preventiva por largos periodos, audiencias masivas y falta de defensa técnica efectiva. Al mismo tiempo, se han denunciado ataques a la prensa y a los defensores de derechos humanos. Amnistía Internacional sintetiza ese diagnóstico afirmando que el régimen ha producido “miles de detenciones arbitrarias, la adopción de una política de tortura en centros de detención y cientos de muertes bajo custodia estatal” y agrega que “la prolongación del régimen de excepción y su normalización … violan masivamente derechos humanos” (Amnistía Internacional, 2024, paras. 1, 33–36). El informe habla de una “doble realidad”: una seguridad para el visitante y un “estado policial” para algunos ciudadanos. Esa dicotomía presenta un dilema ético y práctico: ¿es aceptable que el turismo prospere cuando se construye sobre la limitación de derechos de la población? | ||||
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